“Permisología” en perspectiva comparada

Felipe Irarrázaval, Profesor asistente, Escuela de Negocios y Centro de Economía y Políticas Sociales, Universidad Mayor, escribe opinión en El Mostrador el 28 de marzo de 2025.

Los tiempos de tramitación para grandes proyectos de inversión no son un problema exclusivo de Chile. Hoy los inversionistas enfrentan escenarios cada vez más complejos en países como Estados Unidos, Canadá o Australia.

El 20 de marzo, la administración de Donald Trump firmó una orden ejecutiva para aumentar la producción nacional de diversos minerales, incluido el cobre, argumentando razones de seguridad nacional. Un aspecto central de esta medida es acelerar la aprobación de permisos para proyectos de inversión.

¿Suena familiar para el caso chileno? Sin duda, esto evoca gran parte de la discusión pública de los últimos años en nuestro país. El término “permisología” ha dominado el debate –o al menos ciertas columnas en medios de comunicación– desde hace algún tiempo.

En general, se refiere a los extensos tiempos de tramitación y a los engorrosos procesos burocráticos que enfrentan diversos proyectos de inversión en Chile. Aunque el concepto es relativamente nuevo y pegajoso, el problema no se origina con el Gobierno actual ni con el clima posterior al estallido social. El tema ha estado circulando desde al menos 2014 en diversas comisiones presidenciales, proyectos legislativos y con la reiterada creación de oficinas pro-inversión.

Lo que debería llamar la atención respecto al énfasis en los permisos de la orden ejecutiva de Trump es que el problema no es exclusivo de Chile, como intentan plantear algunas voces. De hecho, en Estados Unidos este problema es aún mayor.

Según el reciente reporte de S&P Global (2024), titulado Mine development times: The US in perspective, los permisos figuran como uno de los 16 factores clave para el desarrollo de proyectos mineros, siendo particularmente relevantes a la hora de evaluar el tiempo transcurrido entre el descubrimiento de los yacimientos y el inicio de las operaciones.

Considerando los 268 proyectos mineros estudiados por la consultora a nivel mundial, el tiempo promedio entre ambos hitos es de 15,7 años. En el caso específico del cobre, el promedio se eleva a 16,2 años.

El énfasis de Trump en acelerar los permisos tiene sentido si consideramos que, según el mismo estudio, Estados Unidos es el segundo país donde los proyectos mineros tardan más tiempo en iniciar operaciones, solo superado por Zambia y seguido de cerca por Canadá. Chile, en cambio, se ubica en la medianía del ranking, ligeramente por debajo del promedio mundial.

¿Qué lecciones podemos extraer de todo esto? Quizás la más evidente es que los tiempos de tramitación para grandes proyectos de inversión no son un problema exclusivo de Chile. Hoy los inversionistas enfrentan escenarios cada vez más complejos en países como Estados Unidos, Canadá o Australia. Se trata, por lo tanto, de un desafío contemporáneo, generalizado en regímenes –más o menos– democráticos.

En efecto, los plazos se están alargando especialmente para los proyectos más recientes, algo que coincide con el reporte Mining and Metals del Foro Económico Mundial, el cual señala que los tiempos de tramitación son en promedio un 15% mayores que hace una década.

Este fenómeno no solo responde a las mayores exigencias para conciliar minería y estándares medioambientales, sino también a que los nuevos proyectos tienden a localizarse en territorios donde anteriormente no había actividad minera, coincidiendo con propiedades o intereses de otros actores –incluyendo comunidades indígenas– que no necesariamente están alineados con los intereses de los inversionistas.

A ello se suman regímenes subnacionales más complejos, donde la coordinación y alineación de intereses entre distintos niveles de gobierno agrega otra capa de dificultad a la aprobación y ejecución de proyectos.

Ahora bien, que este sea un fenómeno global debería ayudarnos a abordar el problema con perspectiva y no a negarlo. Reconocer que otros países también enfrentan desafíos similares no implica desconocer las dificultades que tenemos en Chile respecto a los tiempos de tramitación, ni tampoco asumir que somos un “enjambre burocrático” que ahuyenta sistemáticamente la inversión.

El uso indiscriminado del término “permisología” para descalificar cualquier decisión de organismos públicos u opiniones provenientes de organizaciones ciudadanas respecto a proyectos de inversión no solo es impreciso, sino que además hace un flaco favor al desafío real que enfrentamos como país: construir una institucionalidad más simple, clara y eficiente para la evaluación de proyectos, sin comprometer los estándares necesarios de protección ambiental y participación ciudadana, propios e irrenunciables en cualquier régimen democrático contemporáneo.

¿Será posible avanzar en esta dirección? De alguna manera tendremos que hacerlo.

Felipe Irarrázaval
Profesor asistente, Escuela de Negocios y Centro de Economía y Políticas Sociales, Universidad Mayor.