Académico U. Mayor abordó las políticas de drogas a nivel nacional e internacional en charla del ciclo “Cienciappeal”

El Dr. Álvaro Castillo, del Centro de Investigación en Sociedad y Salud, analizó la crisis de los opioides en Estados Unidos, la regulación del mercado de la cannabis en Uruguay y el estado de la Ley 20.000.

Cómo la droga se expresa en diferentes contextos, responde a situaciones de disponibilidad, contextos epidemiológicos, sociales y cómo nos anticipamos a dar respuestas de políticas públicas para disminuir los riesgos y daños asociados al consumo. Esa fue la tónica de la charla que realizó el académico del Centro de Investigación en Sociedad y Salud de la Universidad Mayor, el Dr. Álvaro Castillo, el pasado jueves 31 de agosto, en el marco del ciclo “Cienciappeal: ideas que atraen”.

El investigador, quien además es director del Núcleo Milenio para la Evaluación y Análisis de Políticas de Drogas, abordó así tres ejemplos: la crisis de los opioides en Estados Unidos, la regulación del mercado de la cannabis en Uruguay y el estado de la Ley 20.000 de Chile.

Respecto al primer caso, comentó que la crisis comenzó a finales de los ’90 con la irrupción del mercado de los analgésicos, en particular con la Oxicodona. “Se comienza a comercializar este fármaco como un producto eficaz, seguro y que no generaba dependencia. Y en la proliferación de este mercado aparecieron malas prácticas de prescripción y sobreacceso”, sostuvo.

Luego, hasta mediados de la década pasada, comenzaron a producirse las muertes por sobredosis de heroína y más recientemente las muertes por sobredosis de fentanilo, las que siguen creciendo cada año. “Las muertes por sobredosis de opioides sobrepasan las 100 mil muertes en Estados Unidos, superando a las muertes por accidentes de tránsito y por armas de fuego combinadas”, dijo.

Como respuesta de políticas públicas, se implementaron Guías de Prescripción desarrolladas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (Centers for Disease Control and Prevention (CDC) y los Programas de Monitoreo de Fármacos de Prescripción, con foco en aquellos con potencial abuso o con efectos psicotrópicos, entre otras medidas.

“Vimos que la obligatoriedad del monitoreo de estos reportes automáticos que generaba el sistema sí fue eficaz en el sentido de disminuir la cantidad de recetas por sobre los límites aconsejables, pero no en reducir la co-prescripción con otros fármacos, lo que indicaría que esta es una política que puede ser de ayuda para algunos aspectos, pero no viene a solucionar el problema de la sobreprescripción de opioides”, explicó.

En el caso de Uruguay, la investigación sobre el impacto de la regulación de la cannabis es muy incipiente. Si bien fue aprobada a fines de 2013, empezó a ser implementada en 2017.

“Con información en el corto plazo, no hemos observado que haya habido cambios poblacionales detectables o estadísticos para decir, por ejemplo, que el consumo en la población adolescente ha aumentado asociado a la implementación de esta ley”, contó el Dr. Castillo.

En tanto, el académico sostuvo que la ley chilena no es de las más restrictivas del mundo, dado que en sus artículos 4 y 8 se establece que el cultivo o la posesión para uso personal y próximo en el tiempo no es algo que esté sancionado. “Es una falta, pero no está penado, no es un delito. Eso genera incertezas jurídicas en diferentes campos, porque significa que hay distintas instancias, como la Fiscalía, los policías, los jueces, que tienen que entrar a interpretar qué significa consumo personal y eso va afectando la sanción asociada a estas faltas”.

¿Cómo avanzar en Chile? “El camino que ha seguido nuestro país con las drogas lícitas, como el alcohol y el tabaco, ha sido coherente con la evidencia internacional, en el sentido que ha sido más restrictivo, más caro el acceso a esas drogas”, dijo.

Para el investigador, entre los desafíos está “aprender de qué forma podemos seguir regulando el mercado de otras sustancias que generan daño a la población, que incluye el desvío de fármacos de prescripción para el consumo no prescrito o el consumo de sustancias actualmente penadas por la ley como la cannabis, incluyendo otras de origen natural o cuyo daño está siendo cuestionado por su potencial terapéutico, como son un grupo de alucinógenos, como el LSD u otros”, cerró.