Académicos // Investigador U. Mayor expuso sobre el caso Puchuncaví-Quintero en las XLIX Jornadas Chilenas de Derecho Público

El Dr. Sergio Peña, perteneciente al Centro de Investigación en Sociedad y Salud, enfatizó que “la protección de las garantías constitucionales básicas, como el derecho a la vida, a la integridad física y un medio ambiente sano, está establecida en tratados internacionales”.

El abogado y académico del Centro de Investigación en Sociedad y Salud (CISS) de la U. Mayor, Dr. Sergio Peña, expuso recientemente en las XLIX Jornadas Chilenas de Derecho Público, realizadas en la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica y que en esta oportunidad llevaron por título "El Derecho Público en tiempos de cambio".

El investigador, quien es Doctor en Derecho por la Universidad Internacional de Andalucía, participó en una de las comisiones que se formaron en la actividad, exponiendo acerca del caso “Puchuncaví-Quintero”, en el cual la Corte Suprema acogió un recurso de protección interpuesto contra una serie de empresas y entidades públicas por la emergencia medioambiental que afectó a estas comunas de la Región de Valparaíso en 2018.

Según explicó el Dr. Peña frente a decenas de colegas que llegaron hasta la PUC, el máximo tribunal fundamentó su sentencia basándose en conceptos como el derecho a la vida, la integridad psíquica y física, el derecho a un medio ambiente sano y el desarrollo sustentable.

“Con la condena de la Corte Suprema se ha obligado al Ministerio de Medio Ambiente a actualizar el listado de los contaminantes que, conforme a los tratados internacionales sobre contaminación, se deben incorporar para que sean analizados en las revisiones futuras de la autoridad encargada y, a la vez, sean considerados en Evaluaciones de Impacto Ambiental”, sostuvo el académico durante la actividad.

“Por otra parte, la Corte Suprema ha indicado que independientemente de que el Estado tiene el derecho a promover el desarrollo económico, no puede olvidar sus obligaciones internacionales sociales y, para el caso, medioambientales. De consiguiente le establece un año para revisar la contaminación y disminuirla a niveles razonables”, agregó.

A juicio del profesional, resultó relevante tratar este caso judicial “porque la protección de las garantías constitucionales básicas (vida, integridad física, síquica y medioambiental) está establecida en tratados internacionales, y eso nos permite proteger a las personas y al medio ambiente de manera completa, considerando que el cambio climático va a impulsar más este tipo de contaminación”.

Por útlimo, Peña resaltó la relevancia que adquiere el tema central de estas jornadas (“El Derecho Público en tiempos de cambio”) en medio del estallido social, indicando que “después del 17 de octubre, esta rama del Derecho se enfrenta a cambios que pueden ser fundamentales: el cambio de las instituciones, las obligaciones del Estado y los derechos sociales de las personas, así como los derechos ambientales de los mismos”.