Cuatro académicos se reunieron en el espacio co-work La Fábrica de Huechuraba, donde expusieron las consideraciones que, a su juicio, deberían ser incluidas en la Carta Magna en relación a la temática medioambiental, en un contexto de cambio climático.

Investigadores de la Universidad Mayor se reunieron este martes en el espacio co-work del campus Huechuraba para debatir sobre la relevancia que tiene la inclusión de la temática medioambiental en una nueva Constitución.

Así, convocados por la Vicerrectoría de Investigación, Mayarí Castillo, del Centro de Economía y Políticas Sociales (CEAS); Rodrigo Ramos, del Centro GEMA, Genómica, Ecología y Medioambiente; Ignacio Fernández, del Centro de Modelación y Monitoreo de Ecosistemas (CEM); y Sergio Peña, del Centro de Investigación en Sociedad y Salud, expusieron las consideraciones que, a su juicio, deberían ser incluidas en la Carta Magna.

Modelos y ecosistemas

Mayarí Castillo, Doctora en Sociología, comentó que la relación que tenemos con el medioambiente está mediada por las relaciones de poder y desigualdad. En ese sentido, en el proceso constitucional “deberíamos avanzar a una mirada que pusiera a la naturaleza en el centro”, planteó.

La también directora del programa de doctorado en Políticas Públicas sostuvo que hay una directa relación entre degradación ambiental y la pobreza, y que quizás los más pobres van a sufrir en mayor medida los efectos de la crisis climática.

“Hacernos cargo hoy de los temas medioambientales es hacernos cargo de temas sobre desigualdad. Tenemos la oportunidad única de mirarnos y construir un nosotros más solidario”, dijo Castillo, agregando que “es el momento de preguntarse qué modelo de sociedad queremos”, aunque precisó que “no podemos abandonar la idea sobre qué podemos hacer en el corto plazo”.

Por su parte, el Doctor en Ciencias Naturales, Rodrigo Ramos, propuso cambiar de paradigma y reemplazar la definición de medioambiente –“muy egocéntrica”- por ecosistemas. “Sería muy bueno que una nueva Constitución reconociera como principios rectores que nosotros como sociedad formamos parte de los ecosistemas y eso implica reconocer que el bienestar humano depende de estos servicios ecosistémicos”, dijo.

A juicio de Ramos, el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación -que contempla la actual Carta Magna- debería cambiarse a vivir en ecosistemas saludables. Al respecto, comentó que “eso implica algunos derechos de cómo están formados estos ecosistemas y resguardar el derecho de las comunidades locales a impedir que se efectúen actividades económicas, como las zonas de sacrificio, por ejemplo”.

Aclarar definiciones

En tanto, el académico Sergio Peña situó la definición de medioambiente “en la idea de adaptación y biodiversidad”, agregando que para él el cambio climático no es una emergencia sino un “desastre”, considerando el inédito aumento de la temperatura del planeta, entre otros factores.

Mientras, el Doctor en Sustentabilidad, Ignacio Fernández, expresó que uno de los requisitos es que se trate de un proceso participativo, de modo de conocer, entre otros, qué entiende la gente por medioambiente.

“En general lo ven como algo tangible, que se puede utilizar, pero lo intangible no lo ven”, dijo. En ese sentido, expresó que “es importante que la Constitución asegure que las definiciones sean parte de las políticas públicas”.

Finalmente, Fernández sostuvo que el concepto de desarrollo sostenible debería ser parte de la Constitución, “entendido como aquel que se mantiene a largo plazo y, por lo tanto, tiene que ser sustentable (…) La desigualdad atenta contra la resiliencia de los ecosistemas y un sistema que no es resiliente pierde su capacidad de autosustentarse y el sistema entra en un espiral”.