Resultado constituyente: fin de un ciclo político

Columna de opinión publicada por El Mostrador el 8 de junio de 2021

Los resultados de la Convención Constitucional son la expresión electoral del estallido social. Indican una continuidad del triunfo del Apruebo y de la derrota del Rechazo y es este clivaje el que, de una parte, hace imposible el mayor objetivo de la derecha: disponer de un tercio de la Convención para bloquear las reformas estructurales en la nueva Constitución y, de otra, ordena la composición de ella donde la ciudadanía, como ya lo había hecho en el plebiscito al rechazar la Convención mixta, se aleja de los partidos y entrega la tarea de escribir la nueva Carta Magna mayoritariamente a figuras nuevas y listas de independientes fuera y dentro de pactos.

Este resultado, que se da en un clivaje “pueblo contra elites”, implica también el fin de un largo ciclo político y de alguna manera una redistribución del poder altamente concentrado durante 30 años en los partidos, las elites políticas, empresariales, religiosas, gremiales y hasta sociales tradicionales y donde el sorprendente resultado obtenido por la Lista del Pueblo –que en verdad son varias listas bastante autónomas, transversales en su composición y distribución geográfica, territorial y hasta de posición política–, implica que, por primera vez, la base social, temática, cultural, que estuvo detrás del estallido social se transforma directamente, sin mediación de partidos, en un importante poder político del pueblo, gestado desde los territorios y desde las causas, más que de los grandes relatos político-ideológicos. Son una expresión de una forma de democracia directa inserta en la representación de la Convención Constitucional.

Este verdadero alargamiento de la democracia representativa que unida al triunfo de los independientes, de los jóvenes, que producen un cambio etario importante en la política chilena, de las mujeres electas que son la mitad de la Convención, que han demostrado gran capacidad de elegibilidad, y que aunque heterogéneas políticamente imprimirán un sello cultural antipatriarcal en ella, de la representación de los pueblos originarios que colocarán definitivamente en cuestión el actual y obsoleto Estado mononacional, estructuran, no solo una nueva correlación de fuerzas, sino también un nuevo poder institucional que deberá entenderse con el poder tradicional, minoritario y, por cierto, dividido en varios bloques ideológicos de los partidos, para alcanzar los 2/3 tercios que permitan fijar las normas fundamentales de la vida del país para los próximos decenios, en una Constitución que efectivamente pueda representar a todos o, al menos, generar identidades comunes en una amplísima mayoría de los chilenos y chilenas.

Es cierto que habrá una gran fragmentación en la Constituyente, una mezcla de historia de vidas y de miradas culturales diversas, frente a lo cual el clivaje izquierdo y derecho o el bibloquismo no funcionan. Todos(as) deberán dialogar con todos(as), buscar consensos ad hoc y se cruzarán muchas fronteras porque todos(as), más allá de su legítimas convicciones y hasta de sus respectivos purismos identitarios y sectarismos, estarán condenados a entenderse para proponer al voto ciudadano del plebiscito de salida un texto constitucional que satisfaga los anhelos de los chilenos y cree, en su aprobación, una nueva legitimidad democrática.

Los partidos debieran extraer la conclusión, del resultado de la Constitucional, que se agotó un tipo de hegemonía y de liderazgo que gobernó el país en estos más de 30 años y que el propio proyecto histórico que representaron está también en crisis. Sería un grave error de los partidos autodefenderse del mal resultado de la elección constituyente refugiándose en las elecciones de gobernadores, alcaldes y concejales. Son elecciones y resultados distintos, pero, también allí, donde hubo alternativa de novedad, tendió a ganar lo nuevo frente a lo viejo.

No hay que equivocarse. Si las elecciones parlamentarias de noviembre, aún mediadas por el efecto que tendrá la reinstalación del voto obligatorio que incorporará a un electorado más tradicional que probablemente no ha votado en el plebiscito ni en las elecciones de mayo, se hiciera con las normas de la elección constituyente, no hay dudas que ese Congreso se parecería mucho más, en su composición, a la Convención que al actual Parlamento elegido el 2017. La composición de la Convención Constitucional se parece mucho más al Chile real que el Parlamento, y en ella se expresa más equitativamente la soberanía popular.

Hoy, en medio de la celeridad que impone la revolución digital de la información y las comunicaciones, cuando cada persona camina con un celular conectado a internet que le provee la mayor información que ser humano alguno haya recibido en la historia y cuando además puede interlocutar, responder, denunciar, trasmitir en diversas direcciones, el poder vertical de la propia democracia –que abundó en la transición chilena, por la reminiscencia directa del poder dictatorial, por una derecha que nunca se liberalizó y se refugió en los enclaves autoritarios o porque los propios gobiernos de centroizquierda no estimularon la movilización social como un aliado de los cambios– ya no es más sostenible y hay que reflexionar y apostar a un nuevo modelo de democracia representativa que inexorablemente incorpore a la calle, a los ciudadanos en sus diversas formas de expresión.

El rol de la política consiste hoy en gobernar y asegurar gobernabilidad desde las instituciones, pero también desde la legitimidad que entrega la sociedad y sus causas, legitimidad en movimiento que ya no se expresa solo en los eventos electorales. Solo así puede generarse una nueva centralidad de la política, con una hegemonía cultural que incorpore no solo el pluralismo del pluripartidismo sino el acelerado y cambiante pluralismo de la sociedad.

El desacoplamiento de los partidos con la sociedad emergente es y será cada vez más profundo, y se cambia y hay partidos que expresen la sociedad global, digital y compleja, con fuertes caracteres postmodernos en que vivimos, o, como ya ha ocurrido con partidos históricos en América Latina, lentamente desaparecerán, reemplazados por formas de agregaciones nuevas y seguramente parciales de representación o por liderazgos mesiánicos, populistas, que ofrezcan soluciones cortoplacistas que pueden terminar reduciendo la democracia e incorporando, como vemos también en nuestro continente, diversas formas de autoritarismo.

El mensaje que viene del resultado de la Convención Constitucional es que hay que cambiar el sistema político y el modelo económico neoliberal que ha dominado por 30 años y limitado el gran esfuerzo de las políticas públicas integradoras de los gobiernos de centroizquierda.

Esto no puede hacerse sin partir del estallido del 18 de octubre, es decir, se requiere la construcción de nuevas formas de organizar el poder y la sociedad desde la base, desde el territorio, desde la multiplicidad de anhelos y causas, muchas de ellas verdaderas revoluciones culturales globales, que se incorporan crecientemente en nuestras vidas, crean nuevas subjetividades y pedazos de sociedades, virtuales o presenciales, que se movilizan en torno a ellas.

Feminismo, sociedad y economía verde, derechos de diversidad en todos los planos, justicia social como elemento clave que acompañe el crecimiento económico, Estado social de derechos, Estado plurinacional, régimen político que desconcentre y descentralice el poder, son algunos de los ejes en torno a los cuales hay que debatir en la Nueva Constitución, pero también los ejes que debieran fundar la reforma de la política y de sus instrumentos.

Antonio Leal
Sociólogo
Doctor en Filosofía
Post Doctor en Pensamiento Complejo
Director de la Escuela de Sociología
U. Mayor