Estudio asocia los decretos de escasez hídrica con la desigualdad de poder e influencia de grandes productores agrícolas en Chile

La herramienta legal que emite el gobierno bajo la recomendación técnica de la Dirección General de Aguas podría estar vinculada a la influencia política de grandes productores agrícolas locales para su propio beneficio, según un estudio a cargo de la académica del Centro de Economía y Políticas Sociales (CEAS) de la U. Mayor, Mayarí Castillo.

Chile arriesga profundizar la inequidad en el acceso al agua debido a la política de declarar zonas de escasez hídrica, la que estaría favoreciendo a los grandes productores agrícolas, advierte un estudio publicado en la revista Frontiers in Environmental Science.

La investigación encontró que no solo hay más probabilidades de que las zonas con mayor presencia de grandes productores agrícolas sean declaradas áreas de escasez hídrica, sino que también estos decretos son más frecuentes y prolongados que en zonas dominadas por productores más pequeños, pero en igualdad de condiciones climáticas.

Además, se identificó que las comunas más afectadas por este fenómeno están en las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Maule, en tanto las menos afectadas se ubican principalmente al sur del país, en la Araucanía y Bio Bío. Las zonas donde hay mayor presencia de grandes productores agrícolas tienen entre 2 a 50 veces más probabilidad de que se decrete escasez hídrica.

El punto de partida para el estudio fue un proyecto Fondecyt regular dirigido por Mayarí Castillo que analizó, desde una perspectiva que combina métodos cualitativos y cuantitativos, las políticas ambientalmente relevantes en Chile.

“En una primera fase etnográfica, estuvimos trabajando con actores locales y nos daba la impresión de que la política de los decretos de escasez no estaba obedeciendo necesariamente a los criterios técnicos de la Dirección General de Aguas (DGA), sino que existía mucha variabilidad”, comenta la doctora en Antropología.

Así, el equipo quiso averiguar si existía evidencia para sustentar la idea de la existencia de presiones informales y/o lobby por parte de los grandes productores agrícolas para lograr que se emitan decretos de escasez hídrica, ya que esta herramienta legal permite la posibilidad de extraer aguas subterráneas y suspensión de caudales ecológicos en tiempos de sequía.  Este acceso a aguas subterráneas es una práctica que, por la importante inversión que requiere, sería solo asequible para productores relativamente grandes.

Foto: Viñas en el Maule, una de las comunas donde los investigadores detectaron la relación entre los decretos de escasez hídrica y la propiedad de la tierra. Crédito: Getty Images.

Poder y presión

Para construir evidencia cuantitativa sobre esto, se usó la presencia de grandes propiedades agrícolas a nivel de municipalidad como una medida para estimar el poder político local y la emisión, número y duración de los decretos de escasez hídrica entre los años 2008 y 2019 en la zona central de Chile entre Coquimbo y el Maule (excluida la RM), donde ocurre la mayoría de la actividad agrícola.

El doctor en Economía, Rodrigo Pérez, académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile y co-autor del estudio, explica que estando las condiciones climáticas necesarias para que se emita un decreto de escasez hídrica, relativas al nivel de precipitaciones y de los caudales, es más probable que se establezcan estos decretos en zonas donde hay mayor porcentaje de productores agrícolas más grandes.

“La norma es bastante ambigua sobre cuándo se decreta escasez hídrica, entonces deja un margen para que la política decida. Una vez cumplido el criterio técnico, hay toma de decisiones de los actores locales y regionales para que eso termine sucediendo. Lo que nosotros encontramos es que un elemento importante tras esta decisión es qué tan grande son las explotaciones agrícolas en la zona”.

Los resultados demuestran que la decisión de decretar escasez hídrica “no es únicamente dependiente de los criterios técnicos, sino que podría existir un margen político para el establecimiento”, indica el académico.

Según Mayarí Castillo, esta influencia política de los grandes propietarios agrícolas funcionaría a través de conversaciones informales y permanentes con quienes toman las decisiones, tal como han podido indagar en la fase etnográfica del estudio.

La académica agrega que “los pequeños productores tienen una menor visibilidad y capacidad de llegar al poder político y a los tomadores de decisiones para obtener apoyo en tiempos de sequía y estas declaratorias de escasez. Aun cuando las obtengan, no se ven tan beneficiados porque no tienen la capacidad técnica de realizar extracción de agua subterránea o no cuentan con infraestructura de riego para aprovechar los cauces”.

Para los autores del estudio los decretos de escasez hídrica debieran ser reemplazados por una herramienta más integral, sobre todo dadas las condiciones de escasez del país, que tenderían a agravarse en las próximas décadas. “Se debe pensar en la construcción de territorios resilientes ante la sequía con políticas de desarrollo territorial de largo plazo”, dice Mayarí Castillo.

“La gestión de los recursos de manejo e infraestructura del agua es uno de los aspectos claves en la actual crisis climática y tiene que ver no solo con criterios técnicos, sino que también con ciertos proyectos de desarrollo y grupos de la sociedad con diferentes niveles de poder político que influyen en su diseño”, concluyen