Alumni presenta libro que aporta al debate constitucional en Chile

“El principio de subsidiariedad: equilibrio entre lo público y lo privado” es el nombre de la ópera prima del abogado y magíster en Derecho Público de la Universidad Mayor sede Temuco, Eduardo Lara Aguayo, quien analiza la relación entre el Estado y las personas en 102 páginas publicadas por Editorial de Derecho.

“La subsidiariedad es un principio que contiene dos grandes fases, una vertical y otra horizontal”, dice el abogado y magíster en Derecho Público de la Universidad Mayor sede Temuco, Eduardo Lara Aguayo (36), quien aborda la relación entre el Estado y las personas en su debut literario.

Se trata de “El principio de subsidiariedad: equilibrio entre lo público y lo privado”, libro publicado este mes por Editorial de Derecho y presentado el viernes 14 de octubre en la Universidad Mayor sede Temuco, en donde el autor realizó sus estudios de pre y postgrado.

La primera fase, retomando la idea principal, “regulará y determinará la distribución de competencias de la sociedad mayor hacia las sociedades menores, como ejemplo podríamos decir que la Ley Orgánica de Municipalidades, dictada por el legislador en cumplimiento de un mandato del constituyente, estaría distribuyendo competencias para que los alcaldes satisfagan necesidades sociales por medio de las políticas públicas locales”, detalla el autor.

Por su parte, la faz horizontal, agrega, tiene dos vertientes: una activa o de habilitación y otra pasiva o de abstención: “La primera tiene por objeto que el Estado actúe en la vida pública para asistir a toda persona y/o grupo de la sociedad, en atención al bien común. En el segundo caso, la vertiente pasiva o de abstención, buscará no ahogar, absorber o pasar a llevar a la persona y/o grupos intermedios, permitiéndoles su adecuada autonomía dentro de ciertos límites que la misma sociedad fijará”.

Contribuciones a la política nacional

Sobre el aporte que realiza su ópera prima a la política chilena, Lara Aguayo señala que el libro, en primera instancia, entrega una visión desde lo general hasta lo particular, profundizando en sus dos fases y en las distintas manifestaciones del mentado principio.

En segundo término, añade el alumni U. Mayor, “el texto intenta objetivar aspectos que han sido prejuiciados por distintos actores de la sociedad, mostrando que la subsidiariedad es lo opuesto a un régimen totalitario, donde el Estado absorbe a la persona, y también opuesto a uno neoliberal, donde el Estado se abstiene de satisfacer derechos sociales, que en cualquier país desarrollado son estándares mínimos en cuanto a política pública”.

Asimismo, el libro —que fue prologado por la abogada y académica, Sandra Ponce de León Salucci—, puede ser una fuente de inspiración para políticos, abogados y para cualquier persona que quiera ahondar en cómo el Estado actúa en la vida social y política de las personas, ya que la subsidiariedad, precisa el autor, “no solo es satisfacer derechos sociales y en qué intensidad lo hace, sino que también, cómo el Estado, como sociedad mayor, distribuye competencias a las sociedades menores, como gobiernos regionales, municipios y otros, con un fin de preponderar más un autogobierno local, antes de que todas las decisiones sean adoptadas en Santiago. Lo anterior, evidentemente, podría traer consigo una mayor democracia en la adopción de decisiones político-administrativas”.

–En la discusión actual, ¿por qué es importante “poner sobre la mesa” el sentido y el fin del principio de subsidiariedad?

–La subsidiariedad, como principio político, económico y social, es relevante, por cuanto determinará la intensidad del actuar estatal en la vida de las personas. Esto, es de tal magnitud, que vendría siendo, más que un metaprincipio, la materia prima de la arquitectura e ingeniería constitucional que deberán tener a la vista los constituyentes y/o asesores en materia constitucional. Para comprender lo anterior, se debe entender la subsidiariedad como el mecanismo de equilibrio que la sociedad utilizará para definir en qué esferas actuará el Estado con todo su aparataje y en qué intensidad lo hará —cuando deba hacerlo—, asimismo, también el Estado deberá abstenerse para no absorber a la persona en su vida privada o en su vida social —tampoco a los grupos intermedios: empresas, fundaciones, corporaciones, entre otros—. 

–¿Cuál debería ser el principio basal de un nuevo texto contitucional?

­–A mi juicio, los grandes metaprincipios inspiradores del nuevo Texto Magno, deben ser la solidaridad, la subsidiariedad y la proporcionalidad. Estos principios jugarán un rol primordial en la ingeniería constitucional, al establecer los pesos y contrapesos del actuar estatal, alejándonos de un régimen totalitario, así como también de uno extremadamente liberal —solo basado en la autorregulación del mercado, y teniendo como premisa un exceso de libertad para los privados—. De elegir un modelo social sólo cargado hacia la solidaridad, sin subsidiariedad, estaríamos condenados al fracaso no solo económico, sino que social, por cuanto ninguna sociedad entrega todas las actuaciones relevantes al Estado, dejando a los grupos intermedios en último plano. Solo basta con mirar a los países más desarrollados del mundo, donde existen modelos de Estado benefactor y en otros casos economías sociales de mercado, como la alemana, donde el Estado tiene una fuerte acción, pero también lo tienen los propios grupos intermedios (privados).  De lo contrario, podríamos optar por una sociedad basada en el control central del Estado, algo alejado de la anhelada descentralización política y administrativa, o bien, donde el supra ente regulatorio nos diga qué hacer y cómo hacer, lo que en definitiva es atentatorio contra nuestras libertades.

–¿Cómo impacta el principio de subsidiariedad en la vida de los chilenos?

–El principio de subsidiariedad como hoy se lo entiende —desde la faz horizontal—, atendido el legado dejado por la dictadura militar y su modelo económico, se interpreta de forma abstensiva, lo que ha impactado en cuestiones tan cotidianas como tener que pagar un plan de salud privado para tener una atención de calidad, o bien, que los mejores colegios sean privados, entre otros aspectos. Sin embargo, todo ello ha ido cambiando con el transcurso de los últimos años, en que los gobiernos han impulsado políticas públicas de asistencia universal para la población —el Auge/GES son un ejemplo—. Asimismo, instalando la visión de que la educación debe ser universal y de calidad —acceso gratuito a la educación superior para ciertos tramos—. Todo lo anterior, ha ido reduciendo la línea de la pobreza, pero también la desigualdad, algo que ya lo ha mostrado el índice de Gini. Empero, lo anterior debe mirarse con perspectiva y con prudencia, ya que la ciudadanía pide mayores cambios y existen instituciones que aún se mantienen desiguales, en especial aquellas relativas a previsión social, el mercado laboral y sus extensas jornadas, listas de espera para atenciones de salud, entre otras. La nueva Constitución podría y debería atender estos aspectos que podríamos calificar como pendientes, pero debe hacerse basado en una serie de pesos y contrapesos —principios de solidaridad, proporcionalidad y subsidiariedad—, que nos permitan equilibrar el mundo público del privado.