Columna publicada por La Tercera el miércoles 9 de agosto.

Una vez más, el gobierno da señales de normar sin tomar en cuenta las consecuencias que sus políticas podrían generar en el corto y mediano plazo. Esta vez, es el Ministerio de Salud el que nos sorprende al insistir en su intención de modificar la norma 254 para la asignación de los campos clínicos, estableciendo requisitos totalmente arbitrarios y discriminatorios como la gratuidad.

En palabras simples, la reforma a la norma 254 propuestas por la cartera de Salud le fija un puntaje muy alto a un criterio no académico como lo es la gratuidad, lo que hace prácticamente imposible que las Universidades Privadas que no pertenecen al CRUCH, puedan acceder a un campo clínico estatal, prescindiendo de manera explícita y arbitraria del innegable aporte que históricamente las universidades privadas han hecho al país.

Adicionalmente, la modificación no permite la asociatividad entre centros formadores con cercanía de planes de estudios, lo que demuestra un profundo desconocimiento por parte de la autoridad sobre el real funcionamiento de estos establecimientos. Basta darse una vuelta por los distintos hospitales que dependen del Estado a lo largo de Chile para darse cuenta que en su interior trabajan dos, o incluso 3 universidades con convenios plenamente vigentes, y que cubren en su totalidad recintos que suelen ser muy grandes como para ser abarcados por una única institución.

Otro punto que esta modificación parece desconocer, es que el gran déficit que mantiene Chile en la Salud Pública está asociado a la formación de médicos y especialistas médicos, como también de otros profesionales del equipo de salud. Los diferentes gobiernos han tratado de enfrentar este problema, siendo las Universidades Privadas las que han aportado en forma significativa con profesionales que permiten paliar esta carencia. En total, nuestras universidades suman más de 70 programas de especialidades médicas, aportando más de 1600 profesionales al sistema de salud en su conjunto.

Al incorporar en la asignación de campos clínicos la gratuidad como requisito, el Minsal incurre además en una ilegalidad, ya que la ley del Ministerio de Educación impuesta a través de glosa presupuestaria, plantea que la gratuidad es un acto voluntario al que las instituciones pueden adscribir o no dependiendo de sus propios proyectos educativos.

No es lógico suponer entonces, que una universidad es mejor o peor que otra por el hecho de ingresar o no a este régimen. Es más, de aprobarse esta norma por el Ministerio de Salud, tiene que ser impugnada primero en la Contraloría General de la República. A todas luces resulta injusto excluir a universidades que hacen una contribución innegable al sector salud, con calidad demostrada en sus acreditaciones institucionales y de carreras del área.

De aplicarse esta norma, quedarían fuera del sistema de asignación de campos clínicos más de 70 mil jóvenes chilenos, El Minsal no está dimensionando las consecuencias que tendría para la sociedad y, por cierto, en el sistema universitario. No queda más que recordarles a las autoridades de Salud el gran aporte que realizan a diario los profesionales jóvenes al sistema público, prestando servicios de manera ética y consecuente en lugares alejados de las grandes urbes, y mostrándose permanentemente solidarios con las necesidades del país.

La mirada lógica que debiera tener el Estado es el de aprovechar los conocimientos y los profesionales de calidad que forma el sistema universitario privado, por lo tanto, la asignación de campos clínicos debiera realizarse ser con una mirada integral y de largo plazo.

Los estudiantes que están formándose en nuestras universidades, son un verdadero aporte de colaboración y de trabajo en la labor principal de un hospital, que no es otra que mejorar la salud de todos los chilenos.

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