Director de la Escuela de Negocios expuso sobre Codelco y el posible aporte de capitales privados
El Dr. Francisco Castañeda dictó una charla en el seminario “La administración pública ante una nueva Constitución: Empresas Públicas”, donde detalló por qué es necesario que se abra la compañía, la cual tiene un altísimo nivel de endeudamiento. Además, añadió que existe el riesgo de que una nueva Constitución inhiba el ingreso de capital privado en áreas o empresas que se consideran estratégicas o esenciales, porque no contribuirían al logro del bien común.
El director de la Escuela de Negocios U. Mayor, el Dr. Francisco Castañeda, fue parte del segundo ciclo del seminario “La administración pública ante una nueva Constitución: Empresas Públicas”, organizado por el Colegio Profesional de Administradores Públicos de Chile y la Escuela de Administración Pública de la U. de Valparaíso.
En la instancia, realizada el 3 de diciembre, también participaron el Dr. Diego Barría, profesor de la U. de Valparaíso; la Dra. Bernardita Escobar, presidenta del Consejo Directivo SEP (2016-2018), y Andrés Cerpa, presidente de la entidad organizadora, quienes junto a Castañeda discutieron y plantearon un debate sobre el rol y las funciones de las empresas públicas en el contexto del proceso constituyente.
Así, Castañeda abordó el caso de Codelco, sobre el cual explicó que una privatización parcial de la estatal chilena es necesaria, especialmente para que no siga incrementando su nivel de endeudamiento, el que hoy alcanza cerca de US$ 30 mil millones.
“Debido a la importancia que tiene Codelco para las arcas fiscales, para el cluster minero y para las exportaciones, existen riesgos en términos constitucionales, porque en la actualidad existe una tendencia a la supremacía de lo estatal, subvaluándose la contribución del capital privado al desarrollo económico del país", dijo, y agregó que "existen riesgos de que empresas como estas no puedan cumplir su objetivo de servir el bien común, debido al alto endeudamiento y que el Estado mantenga el 100% de la propiedad, y de que no dispongan de los recursos suficientes para las urgentes inversiones estructurales de largo plazo. Por otra parte, se exacerba el uso de la deuda por la compañía porque los inversionistas asumen que el Estado no dejará ‘caer’ a Codelco”.
Actualmente, la productora de cobre número uno en el mundo posee un alto leverage (apalancamiento financiero) de 1,6 veces; es decir, el 62% del valor de la compañía es deuda. Además, entre el 2015 y 2019 se materializó un aporte estatal, con una inyección de capital promedio de sólo US$ 600 millones por año.
Con este escenario de un Codelco 100% estatal, el Dr. Castañeda aseguró que “es necesario que se inyecte capital privado a la compañía” e invitó a dar una mirada de lo que sucede en el mundo, pues explicó que existen muchos casos a nivel internacional de empresas públicas con participación conjunta del capital privado, lo que se ha replicado y promovido por diferentes gobiernos, como en el caso de China, Brasil y Francia, entre otros países.
“Se ha vuelto más complejo que la compañía pueda llevar a cabo los denominados proyectos estructurales a largo plazo, los que necesita para mantener el liderazgo en el mercado internacional del cobre y poder seguir aportando al fisco. Y para eso es inevitable el aporte de capital, de modo de perfeccionar su actual estructura financiera”, agregó el economista, quien advirtió que de no ocurrir una privatización parcial (a través de inversionistas institucionales, por ejemplo), entonces pueden existir consecuencias negativas a mediano plazo.
“Un Codelco que deje de ser líder en la producción de cobre aportará menos recursos al Estado, lo cual iría contra la lógica de que debe servir el bien común. Por eso en una nueva Constitución está el riesgo presente de que no se pueda innovar en materia de propiedad (en áreas definidas estratégicas o esenciales), restando recursos a largo plazo para servir al bien común, el que se resume en un mayor empleo, dinamismo regional, más inversión y en una contribución no decreciente a las arcas fiscales para así aportar en forma sustentable al gasto social que realizan los gobiernos”, finalizó diciendo.